El sistema de la Transición se convirtió en régimen cuando se blindó a sí mismo para perpetuarse e impedir reformas políticas en profundidad. Los pactos para salir de la dictadura, que por su misma naturaleza debieron ser de duración limitada, arreglos provisionales, acabaron en decisiones intocables a salvo de cualquier cuestionamiento público de alcance. Lo consiguió el sistema de bipartidismo imperfecto en el que PP y PSOE alternan en el Gobierno, sea con mayoría absoluta o con alianzas con los partidos nacionalistas. Un sistema bipartidista preservado por una Ley Electoral declarada sagrada por sus beneficiarios, pese a la ruptura del principio de igualdad del valor del voto por la prevalencia de una fantasmagórica “representación territorial”.
La defensa de este régimen de tan pobre calidad democrática se refugia en los supuestos beneficios derivados de su sólida estabilidad política. Se lo oímos a Rajoy en su ácida y agresiva réplica a Rosa Díez en el debate de su investidura: no se debe tocar el sistema electoral, ni el modelo de Estado derivado del mismo –decía-, porque produce una valiosísima estabilidad política por muy desigual que sea (sin reparar, faltaba más, en que esa es también una supuesta ventaja de las dictaduras).
Pero el tiempo, que todo lo pone en su sitio, ha acabado por demostrar que esa tan alabada estabilidad del sistema no es sino mero inmovilismo de un régimen cuyas carencias intelectuales, económicas, éticas y políticas ha puesto al desnudo la crisis de un modo dramático. Que Rajoy (con el plácet de los demás partidos del régimen) siguiera confiando en esa estabilidad política artificiosa como la clave para la solución de la crisis incluso en enero, cuando todos los indicadores mostraban luz roja –la denostada “herencia recibida”- y señalaban al sistema político como el mayor responsable de la crisis fue toda una demostración de que el régimen optaba por imitar a los avestruces antes que por afrontar reformas que conllevaran su radical transformación y forzaran la renovación de la casta política-financiera.
El escándalo de Bankia, del que apenas comienza a vislumbrarse profundidad y extensión, representa el fracaso definitivo del régimen de la Transición para solucionar sus problemas de credibilidad y de confianza internacional y nacional, además de los viejos problemas financieros y económicos. Pues el hecho diferencial de la crisis española no radica en la burbuja inmobiliaria, sino en que las instituciones políticas han empeorado la crisis desencadenada por aquella con decisiones orientadas no a solucionarla, sino a proteger sus intereses ilegítimos y los de sus socios económicos. Son decisiones como esa reforma del sistema financiero iniciada por el último Gobierno de Zapatero y que hoy jueves pasará por su quinto Decreto Ley. No cabe definir a esa reforma sino como un fraude político y un fracaso técnico sin paliativos. La sedicente reforma no buscaba reformar casi nada, sino ganar tiempo a costa de ingentes cantidades de dinero público (ronda en torno a los 130.000 m€ en diferentes conceptos, desde avales a inyecciones de capital), de tal modo que el núcleo del negocio siguiera como estaba a la espera del milagro de una salida internacional y europea de la crisis que solucionara la española de carambola. En efecto, a pesar de algunos tímidos gestos como el de limitar por Decreto las retribuciones de directivos de Cajas intervenidas (a unos modestos 600.000 € anuales), el núcleo sigue intocado: una gestión partidista sin profesionalidad que ha convertido a las Cajas en financieros del clientelismo de ayuntamientos y CCAA, y en banca privada de partidos, sindicatos, patronales y poderes locales.
BFA-Bankia es el principal engendro surgido de la seudoreforma del sistema financiero diseñada por Salgado y apoyada por el PP. Sus lacras y tumores han acabado emergiendo tras atravesar el opaco maquillaje contable y la mentira sistemática sobre su verdadero estado y valor. Y no es la primera que pasa por el trance, sino la quinta entidad de su tipo nacionalizada por el Estado (y hay otras dos más, al menos, en la lista de espera, vinculadas a sendos poderes autonómicos: Caixa Galicia y Catalunya Caixa). La peculiaridad de Bankia es su categoría sistémica en tanto que cuarto banco español, su estrecha vinculación al PP y a la Comunidad de Madrid (considerada el modelo de CCAA bien gestionada hasta que su déficit oculto, destapado no por casualidad al mismo tiempo que el gigantesco agujero de BFA-Bankia), y la enredada madeja de responsabilidades políticas del más alto nivel ligadas al encubrimiento de su pésima gestión, en la que participan los gobiernos de Zapatero, Salgado y Rubalcaba, y los de Rajoy y Esperanza Aguirre, además de los poderes autonómicos y locales del grupo de Cajas fusionadas en BFA, particularmente la Comunidad Valenciana –y el PP de aquella comunidad- a través de la CAM. En resumidas cuentas, el hundimiento de Bankia involucra a todo el establishment por acción u omisión.
El hundimiento de Bankia certifica el fracaso de una reforma financiera sometida al objetivo inconfeso de preservar el sistema político que controlaba estas entidades. Y con tan estrechos vínculos de dependencia entre el sector financiero y el poder político, es evidente que el fracaso de la reforma del primero es un rotundo fracaso del segundo. No nos engañemos: digan lo que digan, ninguno de los partidos y sindicatos y otros poderes (como grupos de comunicación y tramas empresariales) que han vivido estos años de este sistema harán nada para depurar responsabilidades y contar la verdad de lo sucedido. Al contrario, intentarán salvar su tinglado hasta el último minuto y para eso, como están demostrando, sacrificarán nuestros recursos y la credibilidad de todo el país.
La última esperanza del régimen radicaba en que sus colegas europeos, y particularmente los alemanes, asumieran como cosa propia la defensa del sistema español en nombre de la estabilidad política y de la salvación del euro. Eso perseguían las omisiones, decisiones y declaraciones de Rajoy y su Gobierno, que en esto ha contado con el apoyo de PSOE y nacionalistas. Se trataba de que al menos Angela Merkel apreciara la sumisión del Gobierno para, de esa manera, ganarse un trato menos severo y una dilación de los plazos del déficit para, otra vez, ganar tiempo para que nada cambiara de verdad. Pero esta representación de la situación europea vuelve a fallar en el mismo punto donde ya falló la doméstica: la salvación del euro no va a someterse a los intereses de la casta política-financiera española, por mucho que se revista de la sublime “estabilidad política”. Los mensajes son meridianamente claros, por mucho que los medios amigos les impriman otro sesgo: Bruselas da otra año de plazo para la reducción del déficit, sí, pero a cambio de un listado de exigencias que tiene un significado muy claro: España es un país más intervenido cada día, donde “soberanía” sólo debería usarse en su acepción irónica. Y no por la maldad europea: a nuestros socios les da igual cómo nos constituyamos, mientras no les hundamos con nosotros víctimas de un sistema desastroso.
Lo más probable es que el informe de los auditores europeos –otro certificado externo del fracaso de los supervisores españoles- sobre la solvencia de la banca española, que se espera para julio o septiembre, esté ya preconcebido y ponga las bases para el rescate del sistema bancario por el FEDER europeo. Y rescatar a la banca española es casi lo mismo, a efectos prácticos, que intervenir el gobierno económico del país y por tanto la administración del gasto y la recaudación pública, aunque no se haga formalmente y eso permita al Gobierno y a los partidos del régimen salvar la cara de cara a la galería. La ventaja de este supuesto, muy probable sino ya seguro, es que puede conducir a un punto de no retorno que obligará a un cambio del modelo de Estado vía redimensionamiento de las administraciones públicas, separación de la banca nacionalizada del poder político, nuevo reparto del gasto público y por consiguiente de competencias, y política fiscal común abandonando los dislates confederales vigentes. El régimen de la Transición tiene los días contados, víctima de sus propios errores. Pero lo que venga a sucederle deberá depender de la voluntad de la ciudadanía española o de lo contrario dejará de ser algo que podamos llamar democracia. Ahora, esto es lo importante.
